AVANCES DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
 
     
 
El Uruguay actualmente transita el 4to. Año de un período de 5 del primer gobierno de izquierda en la historia del país. Situación inédita en la historia política de más de 100 años de vida independiente uruguaya. Este hecho político constituye para la izquierda una oportunidad de aprendizaje y la asunción del gran desafío que implica poner a prueba su capacidad para gobernar y poner en práctica las reformas progresistas anunciadas en la campaña electoral.
En ese contexto, se pusieron en marcha siginificativas avancen desde el punto de vista legislativo y de políticas sociales que impactan directa o indirectamente sobre el sector infancia y adolescencia de nuestra población.
 
     
 
       
 
PLAN CEIBAL (una computadora para cada escolar)  
       
 
PLAN DE EQUIDAD (políticas sociales para la reducción de la pobreza)  
       
 
REFORMA DE LA SALUD (acceso universal a la atención de la salud)  
       
 
REFORMA TRIBUTARIA (implicancias en la mejor distribución de la riqueza)  
       
 
HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA CARCELARIO  
       
 
PROHIBICIÓN DEL CASTIGO FÍSICO Y TRATO HUMILLANTE A NIÑOS Y ADOLESCENTES  
       
   
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En diciembre del 2007 finalizó el PLAN NACIONAL DE EMERGENCIA SOCIAL, cuyo objetivo fue reducir la extrema pobreza resignificando la condición de persona humana y colocando como centro de interés el ejercicio de derechos. Así, 80.000 hogares constituidos por 335.000 mujeres hombres, niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos integraron el plan, recibieron un ingreso ciudadano y participaron en programas sociales. Posteriormente, en la siguiente fase y con la finalidad de reconfigurar el sistema de protección social implementando reformas sociales, durante el año 2007 se aprobó el PLAN DE EQUIDAD. Este plan constituye una propuesta a mediano y largo plazo, que pretende revisar, reformular y adecuar el actual sistema de protección vigente a la actual problemática social, promoviendo un nuevo sistema de bienestar y asistencia social para cubrir la demanda de todos los sectores sociales. También existen medidas referidas a la constitución de igualdad, modificando las discriminaciones, las asimetrías y desigualdades de género, étnicas, sexuales, de edad, de clase y situación económica, etc. Es el caso de la LEY DE CONCUBINATO. Aprobada el 27 de diciembre de 2007, que otorga derechos cuando 2 personas conviven en forma ininterrumpida por más de 5 años en comunidad de vida, cualquiera fuera su sexo, identidad, orientación u opción sexual, otorgando derechos y obligaciones, entre ellas de asistencia recíproca.
En cuanto a la reforma tributaria, en julio del año 2007 se aprobó la Ley 18.083 que tiene como objetivo la sustitución y eliminación de impuestos indirectos, impulsando el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, establecido con alícuotas progresivas con un mínimo no imponible. La finalidad según el gobierno, es que aporte más el que tiene más y menos el que tiene menos. Actualmente dicha política es fuertemente resistida por aquellos sectores de la oposición que resultan perjudicados por su aplicación.
La reforma de la salud entró en vigencia también este año. Uno de los aspectos más destacados es la cobertura integral gratuita de toda la población menor de 18 años. Este aspecto constituye una conquista fundamental para los sectores populares, ya que la mayor natalidad se encuentra precisamente en los sectores de menores ingresos. Esta reforma implica una reformulación de todo el sistema nacional de salud, integrando los servicios públicos con los privados y equiparando la cobertura ofrecida a la población en cualquiera de ellos.
ACCIONES PARA LA INFANCIA: Con la finalidad de mejorar el rendimiento y aumentar la asistencia, la Administración Nacional de Educación Pública y el Consejo de Educación Primaria en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, implementaron el Programa “Maestros Comunitarios” y “Estrategia de Recreación y Deportes en la Escuela”, que viene arrojando buenos resultados en la mejora de la equidad general a nivel de las escuelas, reduciendo brechas entre los contextos mas favorecidos y los menos favorecidos.
EL PLAN CAIF y los Centros Diurnos del INAU: tienen proyectada una cobertura de 43.000 niños en todo el país y más de la mitad incorporados al programa de estimulación oportuna para niños de 0 a 1 año.
Con fecha 22 de diciembre de 2007 se aprobó la Ley 18.154, que establece la Educación Inicial Obligatoria para niños de 4 y 5 años de edad, así como también la educación primaria y media hasta el tercer año obligatoria.
También por Ley 18.227 modificó el Régimen de Asignaciones Familiares aumentando las prestaciones monetarias a favor de niños y adolescentes y otorgando mayor extensión y aporte económico a sectores menos favorecidos.
Con fecha 9 de diciembre de 2007 se aprobó la Ley 18.214 que prohíbe el castigo físico a niños y adolescentes, siendo el primer país en la región que legisla en forma específica en la materia.
El Programa “AULAS COMUNITARIAS” también se implemento con el objetivo de obtener la reincorporación a la enseñanza pública de educación media a adolescentes de entre 12 y 15 años.
PLAN CEIBAL (Conectividad Educativa de Informática Básica para Aprendizaje en Línea): Este plan constituye una herramienta caracterizada como revolucionara en materia educativa. Tiene como objetivo la reducción del analfabetismo tecnológico. El proyecto esta inserto en el Plan de inclusión y acceso a la sociedad de la información y el conocimiento que integra la Agencia Digital del gobierno para ser aplicado en ANEP (Administración Nacional de Educación Pública). En este programa cada niño será propietario de una computadora con conexión inalámbrica que permite conectarse en la escuela y fuera del centro.
Ya se comenzó aplicar en forma exitosa en una parte del interior del país, permitiendo el acceso y aprendizaje de la tecnología al niño y sus familiares y socializando el conocimiento en el hogar.
Desde el punto de vista laboral, la implementación de los Consejos de Salarios tripartitos con participación de empleadores, trabajadores y el estado han determinado acuerdos de largo alcance, regulando condiciones laborales y salariales acordes al nuevo contexto.