En los últimos 20 años, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales vinculantes que establecen normas y obligaciones para garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes, siguiendo los principios de la doctrina de protección integral.
Sin embargo, tal como lo señala Norberto Liwski1, la situación de América Latina no está exenta de enfrentar fuertes desafíos para transformar estos compromisos internacionales en herramientas e insumos para garantizar la armonización entre los principios y disposiciones de esas normas, con las realidades complejas y concretas de cada país.
América Latina sigue llevando el estigma de ser una de las regiones más desiguales del mundo, con una notable disparidad distributiva y altos índices de injusticia social. En ese contexto, diversas falencias de tipo estructural obstaculizan el ejercicio de derechos de amplios sectores de la población. “La violencia es, junto al desempleo, la corrupción, la pobreza y los bajos ingresos, una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos en América Latina en este nuevo siglo, según las encuestas de opinión pública”.2
Los niños, niñas y adolescentes son las principales víctimas de la violencia en América Latina. Si bien es muy difícil medir todas las formas de violencia, las tasas de mortalidad juvenil por causas violentas constituyen un indicador disponible. Según la Organización Mundial de la Salud, 29% de las victimas de homicidio en América Latina tienen entre 10 y 19 años.
De acuerdo con el Estudio Mundial sobre Violencia contra los Niños, los entornos en los cuales la violencia es particularmente significativa son: la familia, la escuela, la comunidad y las instituciones del Estado.
Un área que refleja crudamente la realidad de la violencia institucional es la Justicia Penal Juvenil, referida a la reacción estatal frente a los casos de infracciones o delitos cometidos por adolescentes.
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El interés de DNI, a través del proyecto regional, en profundizar sobre la realidad de violencia para poder enfrentar esta situación en el propósito de consolidar sistemas de Justicia Penal Juvenil verdaderamente especializados...

La situación de los adolescentes captados por las agencias del sistema penal juvenil (Policía, justicia, organismos administrativos de gestión de las sanciones penales) esta caracterizada por acciones y prácticas autoritarias y de tipo discrecional que vulneran derechos. En toda América latina se identifican prácticas violentas padecidas por las nuevas generaciones, pero no contamos con información suficiente sobre la entidad de este problema.
Preocupan especialmente los asesinatos y muertes por negligencia que se producen en el marco de acciones de las instituciones estatales, así como las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que padecen los adolescentes detenidos por la Policía o que cumplen medidas de privación de libertad. También las prácticas de “limpieza social” contra personas adolescentes y jóvenes, ejecutadas por grupos parapoliciales o paramilitares, situación que es conocida en países como Colombia y los del Norte de Centroamérica.
Asimismo, otro espacio de especial interés es la detención arbitraria. Esta suele producirse a través de operativos policiales, durante los cuales son privados de libertad adolescentes sobre los que no existe ningún cargo concreto. Son violaciones de derechos que se cometen en forma encubierta por parte de la Policía, generalmente los lugares de privación de libertad son las comisarías policiales, y no suelen llegar a conocimiento de los jueces.
La investigación procura generar información suficiente para dimensionar el problema aportando datos acerca de estos hechos, teniendo como eje de interpretación el enfoque de derecho que nos propone la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y los demás instrumentos nacionales e internacionales de Derechos Humanos de aplicación a las personas adolescentes y jóvenes en conflicto con la Ley penal (extracto de documento de la Coordinación Regional del Proyecto de Justicia Penal Juvenil).

SISTEMA DE MONITOREO ON LINE

la investigación regional de DNI determinó la construcción de un sistema on line para el registro, administración y producción de informes con indicadores. Actualmente se cuenta una plataforma on line para el monitoreo permanente de los principales centros de privación de libertad en 6 países de la región. El dispositivo permite producir en forma automática casi un centenar de reportes y gráficos que dan cuenta de la situación en los centros. Estos reportes, se agrupan en áreas de consulta (ej. proyecto educativo, pena y aplicación, interacción con el medio, etc.) y permiten el cruce por 4 variables (sexo, edad, delito y país). Toda la información se encuentra disponible on-line para las personas habilitadas de las 6 secciones DNI. Esta plataforma informática, sienta como plus, las bases para la construcción de un Observatorio sobre las condiciones de la privación de libertad de los adolescentes en la región.

EN EL PLANO LOCAL: La investigación permite conocer la situación de la población adolescente privada de libertad y las distintas violaciones de derechos que padecen. El resultado de los distintos reportes del sistema on-line, permite realizar acciones de incidencia política, difundiendo la problemática y generando acciones a nivel de sociedad civil e instituciones del estado, además de las acciones de las denuncias que se resuelvan concretar en el plano internacional.

EN EL PLANO REGIONAL: La investigación arroja insumos para un estudio comparativo entre los distintos países, sobre la situación de la población adolescente privada de libertad.
Por otra parte, las posibilidades de articulación regional generada por el proyecto regional, permitirán el accionar en diversos espacios internacionales de incidencia política. En ese sentido, diversas conversaciones llevadas a cabo con otras organizaciones internacionales, (OMCT), (CEJIL), permiten proyectar acciones de denuncias temáticas o casos concretos sobre graves violaciones de derechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En igual sentido, también ante los otros mecanismos de Naciones Unidas, como las distintas relatorías, etc.

La investigación se operó mediante la realización de 50 encuestas por país (en los centros de privación más importantes). Estas encuestas se efectuaron mediante la visita a los centros por parte de encuestadores de las secciones de DNI en cada país. En dichas visitas, los encuestadores utilizando un formulario común (de 50 ítems) entrevistaron directamente a adolescentes privados de libertad. Posteriormente, la información relevada fue vertida por cada sección de DNI en el sistema informático on line. El software on line produce en forma automática casi una centena de cuadros y gráficos que informar sobre el total de las respuestas obtenidas de los adolescentes entrevistados. Los datos obtenidos son entonces una muestra de cada país y de la región, sobre lo que los adolescentes privados de libertad tienen que decir respecto la situación en que se encuentran (salud, formación, condiciones sanitarias, medicación, trato, comodidades mínimas, delito por el que fueron internados, etc.). Si bien, actualmente la organización se encuentra elaborando el informe completo, a continuación exponemos dos ejemplos de cuadros y gráficos obtenidos desde el sistema on line.

A continuación, publicamos dos ejemplos de reportes del sistema. El primero surge de la consulta

2 Mayra Buvinic “Un balance de la violencia en América Latina: los costos y las acciones para la prevención” en Pensamiento Iberoamericano, Revista Bianual, 2008/1